La Iglesia Católica en España tiene una parte de su financiación en la que el Estado es intermediario recaudador-entregador. Es decir, en la declaración de impuestos por el trabajo anual (de asalariados o de empresas) el que la presenta puede elegir voluntariamente tres opciones para destinar el 0´7% del importe de la misma: a la Iglesia Católica, a fines sociales o el mismo porcentaje para ambos. Este año este artículo de LA RAZÓN es un resumen de lo ocurrido.
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